Estamos en
una época de grave crisis en lo económico y social, pero también una no menos
grave crisis, de transparencia legal y ética de las instituciones y estamentos
que fundamentan nuestro modelo democrático.
Esta crisis
de transparencia legal y ética de las instituciones o estamentos que
fundamentan nuestro modelo democrático, esta generada en gran parte por la
desaparición de controles rápidos y eficaces, que de manera efectiva transparenten
la actual opacidad con la que de manera general actúan.
Los últimos
casos, ponen en evidencia esta falta de transparencia y de controles que puedan
detectar de forma rápida y eficaz la aparición de conductas irregulares y/o
poco éticas sobre la gestión económica de estas instituciones o estamentos.
Además también ponen en cuestión la realidad de transparencia, participación y
democratización de los mismos en los niveles de contratación, tesorería,
gerencia y dirección, dejando claro, un déficit que no solo actúa en lo interno
de estas instituciones o estamentos, sino que en aquellos, pocos, lentos e
ineficaces controles que aun existen, que como tales, solo obedece su
mantenimiento en los términos actuales, para legitimizar todo el sistema. Un
sistema que está hecho y mantenido para garantizar la opacidad actual frente a
la transparencia que debería de impregnar todo lo público o que perciba dinero
público.
El Tribunal
de Cuentas es en sí mismo un control, pero a todas luces, un control desfasado,
lento y poco efectivo, para conseguir que la transparencia no sea solo una
actitud voluntaria, sino una actuación obligada, por medio de legislación
tendente a propiciar la transparencia y no la opacidad como hasta ahora, estos
órganos tienen que ser más agiles, tener mecanismos más rápidos de actuación y
sus informes tienen que ser vinculantes con el resto del ordenamiento jurídico,
para que sus conclusiones puedan ser en sí mismo el auto instructor contra
aquellas cuestiones irregulares y dejen de ser simplemente un papel mojado, caduco
y prescrito.
Nuestra
obligación como ciudadanos es cumplir con nuestras leyes y normas, pero también
propiciar el cumplimiento por parte de los otros, el silencio o la omisión de
información en cualquier delito o irregularidad de la vida normal, sabemos que
es una infracción en sí misma, pero ante irregularidades o hechos poco éticos
de instituciones y estamentos, se ejerce el silencio o la contención en la
denuncia, tanto interna como externa, más allá de formar parte en la mayoría de
las ocasiones del “secreto a voces”. Este silencio o contención viene dado por
la presión y control que ejerce el poder sobre el conjunto de las y los
ciudadanos que están bajo su influencia, siendo trasladado por los mismos como
cuestión de confianza o lealtad hacia la figura que representa, lo que conlleva
a una institucionalización a todos los niveles de la corresponsabilidad de las
situaciones que puedan venir generadas por esa irregularidad o actuación poco
ética o transparente.
Para ello,
creo que hay que exigir varias cuestiones para la consecución de actuaciones
transparentes, por parte de esas instituciones y estamentos y las personas que
de manera pública u orgánica las dirigen o trabajan en ellas. Estas medidas
entre muchas otras pasa por: .- La imprescriptibilidad de los delitos en cargos
públicos, institucionales u orgánicos de instituciones o estamentos que reciban
o aporten dinero público. .- La
publicación de las declaraciones de renta de cargos públicos, institucionales u
orgánicos de instituciones o estamentos que reciban o aporten dinero público. .-
El desaforamiento de los cargos públicos, para poder ser juzgados por la
justicia ordinaria.
Pues bien,
después de esta reflexión, que no es nueva, ni descubro y que como el conjunto,
me considero parte del problema, he querido también trasladar, como ciudadano
que soy, algunas cuestiones sobre la mejora de algunos elementos de control y
transparencia en estamentos o instituciones, que creo que se tendrían que dar
para mejorar en forma de leyes y normas, que sean de aplicación obligada, para
sino solucionar del todo está grave crisis de transparencia y de confianza en
el sistema democrático, si, en todo caso, hacer más difícil la aparición
sistemática de estos elementos de irregularidad y falta de ética y
transparencia en la gestión pública o de lo público.
Esta es una
tarea de todos, y el todo empieza en la responsabilidad de la aplicación a uno
mismo, es por lo tanto la implantación de un sistema de control garante con la
trasparencia y con la aplicación de medidas que permita actuaciones rápidas,
que permita una auto aplicación, que además este supeditada a varios y variados
sistemas de control autónomos e independientes con vinculación directa sobre la
actuación inmediata para la paralización, corrección y denuncia de deficiencias
de oficio por parte de los tribunales de justicia, y la obligatoriedad de ser
propiamente la institución o estamento quien denuncie y actúe ante esos hechos.