Raúl Santiago García López


Raúl Santiago García López


martes, 24 de julio de 2007

Cuando la justicia dicta una injusticia

Ayer, se ha dado a conocer la sentencia del juez Fernando Ferrín Calamita de Murcia que niega la custodia de dos niñas a una madre lesbiana y otorgándoselo a su padre biológico, indicando que la orientación sexual de la madre incide perjudicialmente en la educación de la menor.

Este juez, que dictamina contrariamente a la Ley, y que lo hace anteponiendo sus reparos morales a la ética profesional y al derecho de una persona independientemente de su condición sexual a poder desarrollar una vida normal no solo como pareja, sino como familia tal como reconoce y que recoge la LEY.

Este nuevo caso, me hace pensar en lo necesario que son las leyes, pero también en lo necesario de su correcta aplicación, la LEY garantiza los derechos de las personas independientemente de su condición de credo, de sexo, de raza o de orientación sexual y tendrá que sancionar a quien su deber profesional le obliga a fallar a favor de esta mujer y con la prevaricación de su moralidad, incumple la ley y dictamina contrariamente al derecho que le aguarda como madre.

Creo que la modernización de la legislación a la nueva sociedad, es tan importante, como la ampliación de derechos y libertades, pero también es importante que quienes las aplican, en este caso un juez, actúe con la profesionalidad que merece y en todo caso aquel que no lo haga, tal como es este caso, se actué de manera ejemplar en la devolución de los derechos que le aguardan a esta madre y en la sanción pertinente hacia quien comete una irregularidad como esta, por que se debe trasladar al resto de la sociedad que nadie ni nada esta por encima de la Ley.

Creo que la justicia tiene que velar por el cumplimiento de las leyes, y creo que la justicia española lo hace, y lo garantiza, pero debemos de seguir mejorándola para conseguir una sociedad más justa e igualitaria.

2 comentarios:

Andrés Vieco dijo...

Aún queda gente de la antigua guardia.....

Anónimo dijo...

EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON ALFONSO HERNÁNDEZ PARDO
Cuando en 1977 se aprueba la Constitución es Presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona. Y cuando en 1980 se denuncia el caso CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA, el Gobierno Suárez ya lo ha nombrado PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA. Más sutilezas y derivaciones paralelas.

Por Rafael del Barco Carreras

Si otros ya se manifestaban “demócratas”, o progresista, Eladio Escusol Barra (fiscal del caso), él se mantenía furibundo franquista. Sin aparente sintonía con otro de los miembros del Especial Tribunal que juzgará el caso, José Luis Barrera Cogollos (en cuya toma de posesión de Presidente de la Audiencia en el 2000 se elogia que en su época franquista se atreviera a clamar por los Derechos Humanos, e incomprensible la reelección en el 2005 cuando la Audiencia es un caos, los grandes casos con media de diez años hasta los juicios, y el 30% de bajas laborales según un estudio de la nueva Generalitat de izquierdas) o Adolfo Fernández Oubiña (“contratado” por el Bufete Piqué Vidal, y cuya vida y milagros merece un libro aparte). El futuro demostrará su especial talante, expedientados los dos, Barrera pasará a lo Civil, y Oubiña de Presidente de la Sección Primera a de nuevo juez de instrucción.
Don Alfonso, hombre de boina, pero su mujer luciendo brillantes en un Premio Planeta junto a Luis Pascual Estevill (por desgracia mi abogado). Otro letrado, en el colmo del cinismo, me espetó que por suerte para mí Don Alfonso me condenó solo a los dos años, diez meses y veintiún día pasados en prisión de los doce pedidos por Fiscalía, Ayuntamiento y Consorcio, pero yo nunca he sufrido el síndrome de Estocolmo, y desde entonces le he maldecido todos los días de mi vida, aunque nunca se me ocurrió el disparate de otra de sus víctimas que pistola en mano entró en el Palacio de Justicia dispuesto a matarlo. Lo abatieron antes de perderse por los tétricos pasillos.
A mi entender fue de los “duros” nombrados por Adolfo Suárez para mantener el ¨Orden”. Si el orden franquista como el de siglos del Imperio se basaba en Capitanía General, Virreinato, con el Ejército y sus ramificaciones Guardia Civil y Policía Nacional, la Audiencia formaba el segundo gran pilar institucional. El pilar de eso que Franco y los suyos definían el “Estado de Derecho”, donde la pirámide fascista del “ordeno y mando” funcionaba a la perfección. Los juicios se predeterminaban, los bienes se asignaban, y todo parecido con “Justicia” una burla. El Régimen lo abarcaba todo. Y si en lo Civil el Registro de la Propiedad nos descubriría sagas familiares acumulando fortunas (a pesar de los sueldos de miseria), en lo Penal, la Policía y Guardia Civil con sus torturas, y el “hábilmente interrogado”, decidían los sumarios y sus señorías firmaban las sentencias en juicios no más largos e inteligibles que una misa en latín.
Estrasburgo definiría la Audiencia de Barcelona revolcando los casos clave de aquella época, los asesinatos del ex alcalde franquista Viola, o del poderoso industrial Bultó, el incendio de la discoteca Escala, o la represión contra los alocados “rojos”. Sin olvidar los muertos en la Modelo entre los motines de 1977 y la represión hasta 1983. El Poder Absoluto degenera a quien lo ejerce. El “dolo” (voluntad de delinquir) no existía, el “desacato” mantenía firmes a cualquier, ya fuera abogados, testigos o culpables, los fiscales obedientes al Mando, y la SALA determinaba con su SOBERANÍA las pruebas que sustentarían el fallo (habitual que en los pasillos esperaran “testigos” profesionales a tanto la declaración), y la segunda instancia, pilar de la Justicia Democrática y obligada por la Carta de Derechos Humanos de la ONU firmada por España, no existía, pues el recurso al Supremo solo determinaría si el procedimiento se ajustaba a derecho, sin valorar las pruebas convertidas por la Sala en parte de su infalibilidad papal, y siempre se ajustaba, a menos que un “mando superior” entorpeciera el procedimiento.
Y Hernández Pardo, un fingido fanático de la divina procedencia del Poder, y cuando él solo debía mantener la maquinaria en funcionamiento (ya no juzgaba por Presidente de la Audiencia) se atribuye un caso “goloso”, el CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA, para él solo, quitándoselo al juez legal y natural, el Presidente de la Sección Primera, Manuel Derqui Valbuena, como si la Constitución no existiera. Actuando a lo virrey se saca de la manga disposiciones del pasado siglo (referentes a sustituciones accidentales) y constituye una Sala para ese solo caso, y el “órgano colegiado” se convierte durante dos años en bicéfalo, firmando al mismo tiempo con dos composiciones. ¿Porqué?. Dinero, mucho dinero, aunque no era el caso más suculento del momento, 1.200 millones denunciados. La punta del iceberg, por debajo muchos miles de millones a mano, con el Banco Garriga Nogués y Javier de la Rosa Martí (y tras él el primer banco nacional, el Banesto, todo el franquismo de entonces y la Caixa…con su enorme Caja B, dinero negro). Sin olvidar que quien le nombra Presidente, el Gobierno Suárez, también está presente en el caso a través del Consorcio, y los suyos en Barcelona recibiendo créditos del Banco. Si los acusadores, Serra y Maragall con su abogado Rafael Jiménez de Parga (que también lo era de Banesto) ya lo habían descubierto, y hasta el instructor Ezequiel Miranda de Dios vivía en un hermoso piso del abogado de los De la Rosa, Juan Piqué Vidal (abogado también de JORDI PUJOL), el caso merecía su personal control, demostrando que el orden jerárquico franquista se hallaba por encima de la Constitución, y que el Presidente de una Sala (en teoría propietario de la plaza desde su nombramiento impreso en el BOE) era un simple muñeco de quita y pon. Y no solo se reservó el caso sino que nombró un Juez Especial, José Álvarez Martínez, para cerrar las peligrosas investigaciones que decretara Miranda de Dios ante mi insistencia. Y aquí, todos los abogados contestándome “se recurre al Supremo, al Constitucional…”, entre cretinos anda el juego… ya matizaré.
Con los años, considerando que Don Alfonso presidía la Junta Electoral Provincial de Barcelona, y en 1980 JORDI PUJOL desbanca a los alocados “rojos” con ganas de poner patas arriba todas las instituciones y máxime la Audiencia (sede de represión), imaginé la mano divina, no en vano, por encima de la LEY, obedecían al “Dios, Patria y Rey”. Si la alcaldía cayó en buenas manos, Narcís Serra del clan Samarach, y después Pascual Maragall del de Porcioles, olvidando el marxismo propio de los “hijos de papá” contestatarios, la incipiente y peligrosa Generalitat de Tarradellas, con vocación de Estado, es decir, de tragarse la Audiencia, debía librarse de rojos foráneos e incontrolados. Evidente que ante la izquierda furibunda y catalanistas nunca ganarían los corruptos de la Derecha Clásica, tipo Eduardo Bueno, el “bueno para Cataluña” (hombre de Banesto y por tanto de De la Rosa). Debía pues facilitarse la victoria a un banquero, que habría olvidado tres años de cárcel tras quince de ganar dinero con el franquismo, y de familia de “derechas de toda la vida”, o sea, fieles al Régimen. Un flautista para esa Cataluña de los sueños de un millón de catalanistas. Y ganó Pujol, y la Audiencia seguiría un largo camino sin ingerencias “rojas”, con tiempo para domesticar a las “ordas” a base de sueldos y chollos, y consolidar cargos, retiros y fortunas. Murió como su adorado Dictador, en la cama.
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