Raúl Santiago García López


Raúl Santiago García López


viernes, 7 de septiembre de 2007

Ley de la Memoria "Justa y necesaria"

Estos días nuevamente se esta promoviendo, por parte de personalidades de la cultura y la judicatura (Pere Portabella, Carlos Jiménez Villarejo, Rosa Regás), así con el apoyo de numerosos colectivos políticos, sociales, juveniles de todos los ámbitos del territorio español (Fundación Ciudadanía Joven Tomás Meabe, Fundación Trece Rosas), un nuevo documento de mínimos sobre la "Ley de la Memoria".

Este nuevo documento de mínimos es para ayudar al Gobierno a impulsar y aprobar con el mayor consenso posible la "Ley de la Memoria" en este periodo de sesiones, con la complicidad del resto de grupos parlamentarios que defienden la aprobación de la Ley.

Este documento de mínimos, que sin ninguna duda apoyo, defiendo y os animo a que ya sea individualmente, como colectivamente, mandéis vuestra adhesión enviando un e-mail a la siguiente dirección:

Leydememoriaya@gmail.com


MANIFIESTO

Un compromiso ético inaplazable: La ley de la Memoria Democrática

Han transcurrido casi cinco años desde que el Congreso de Diputados condenó el golpe militar que, en 1936, determinó la guerra civil y la posterior implantación de
la Dictadura.

Han pasado tres años desde que el Congreso instó al Gobierno a constituir la Comisión interministerial sobre las víctimas de aquella guerra y de la represión franquista.

También han pasado tres años desde que el Gobierno decidió estudiar “la situación de los que, como consecuencia de su compromiso democrático, padecieron actuaciones represivas durante la guerra civil y el franquismo y hasta la restauración de las libertades democráticas”.

Ha transcurrido otro año desde que el Gobierno presentó el Proyecto de Ley de lo que ya no se denomina, como antes lo había hecho, “para la recuperación de la memoria histórica”.

El Proyecto, manifiestamente insuficiente, continúa sin tramitarse cuando está a punto de agotarse la legislatura .

Nuestro Estado social y democrático de Derecho, la sociedad democrática, las asociaciones cívicas y, sobre todo, las víctimas “que padecieron la represión de la dictadura franquista” ya no pueden esperar más.

El Gobierno y los Grupos parlamentarios deben saber que si durante los próximos meses el Proyecto, profundamente reformado, no se aprueba, no habrán querido, como dice el Preámbulo,”cerrar heridas todavía abiertas entre los españoles”.

La aprobación de la Ley es la condición para superar definitivamente situaciones discriminatorias que aún sufren quienes “habiéndose esforzado para conseguir un régimen democrático” fueron injustamente perseguidos y sancionados, incluso hasta perder la vida.

El Gobierno y las fuerzas políticas saben que no serán reparados y rehabilitados hasta que no se adopten las“medidas legales” anunciadas en 2004. Mientras tanto, no podrán ser considerados ciudadanos de pleno derecho.

Por todo ello, reclamamos del Gobierno y de todos los Grupos parlamentarios la tramitación y aprobación de la Ley siempre que se ajuste a las siguientes mínimas exigencias:

1.-Coincidiendo con los acuerdos adoptados por el Consejo de Europa y la posición mayoritaria del Parlamento Europeo, la condena formal de la dictadura franquista, como régimen impuesto por la fuerza de las armas contra la voluntad popular, caracterizado por la sistemática y generalizada violación de los derechos humanos.

2.-Declarar pública y solemnemente que todo el aparato represivo del franquismo –Consejos de Guerra y Tribunales especiales– y su actuación, por motivos ideológicos o políticos, estuvo viciada de raíz por su ilegitimidad de origen y por la carencia de todas las garantías y derechos propios de un juicio justo, ilegitimidad e ilegalidad extensible a todas sus resoluciones y sentencias.

3.-La declaración anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales individuales, debe fundamentar que el Ministerio de Justicia y el Fiscal General del Estado, conforme al ordenamiento vigente, impulsen y planteen ante el Tribunal Supremo los recursos pertinentes para obtener la declaración de nulidad de pleno derecho de dichas sentencias.

4.-Que el Gobierno y las Administraciones Públicas asuman activamente como políticas públicas la preservación de la Memoria Democrática, especialmente la localización de los represaliados desaparecidos, la conservación, ordenación y accesibilidad de los archivos históricos y la desaparición de simbología franquista de las vías y edificios públicos.

Ya no caben más dilaciones. Sólo el cumplimiento de estas mínimas exigencias será el signo de que el Gobierno y los partidos con representación parlamentaria tienen una auténtica voluntad de responder a los compromisos contraídos y reparar la deuda histórica de la democracia con quienes con más esfuerzo y con más sacrificio contribuyeron a restaurarla.

1 comentario:

el socialista dijo...

ESTIMADO AMIGO:he llegado a ti a traves de mi paisano Andres Vieco,he de decirte que tu blog me interesa mucho,por la coincidencia con mi pensamiento por ello me he tomado la libertad de asociar a mi blog tu bitacora, asi como me adhiero a tu ultima entrada sobre la memoria historica......un saludo desde tierras conquenses