Raúl Santiago García López


Raúl Santiago García López


lunes, 5 de noviembre de 2007

El cumplimiento de la Ley

Estos días estamos asistiendo a las declaraciones de responsables institucionales, dirigentes políticos, colectivos sociales, periodistas, escritores, tertulianos, sobre el cumplimiento o no de la recién aprobada Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, comúnmente llamada “Ley de la memoria histórica”.

Pues bien, antes de que la propaganda del PP y ERC principalmente arrecie contra esta Ley, quiero recordar a aquellos que tiene la obligación de gobernarnos, no solo en el Gobierno de España, sino también en las CC.AA. y sobre todo en los ayuntamientos. Esta ley obliga a su cumplimiento como en las demás leyes, Ley de Igualdad, Ley electoral, Ley de conciliación familiar, Ley de educación Básica y la Ley universal de la sanidad.

La forma de cumplimiento, sobre todo en lo referido a la retirada de símbolos y monumentos que ensalzan el golpe de Estado de 1936 o los años de la dictadura franquista, incluyendo a las personas que dirigieron esos horribles hechos y años de falta de libertad y democracia, se tiene que hacer, retirándolos de las vías públicas, calles y plazas, trasladándolos a lugares más apropiados, esto no significa que se tengan que demoler o destrozar, como equivocadamente ya algunos gobernantes explican, para oponerse a la retirada de toda esta simbología ensalzadota de la dictadura franquista.

Creo que las instituciones tienen que garantizar el cumplimiento de las leyes, y los ayuntamientos como Institución más cercana a la ciudadanía, tienen que ser ejemplo de ese cumplimiento, y en este caso con la Ley de la Memoria también, igual que lo son para que se apliquen el resto de leyes o medidas que ayudan a mejorar la vida de la sociedad, también tienen que reflejar lo que las leyes y la Constitución Española dictan y en este caso, se hace normalizando la democratización de las calles, plazas y espacios públicos de sus ciudades, tal y como establecen, ahora sí, nuestras leyes, las de todos, las emanadas de la representación ciudadana, como es el Congreso de los Diputados.



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