Raúl Santiago García López


Raúl Santiago García López


martes, 2 de septiembre de 2008

Garzón y el cumplimiento de la Ley de la Memoria

Desde esta tribuna quiero mostrar mi apoyo a la decisión del juez Garzón de abrir una investigación que permita realizar un completo censo de los desaparecidos, fusilados y enterrados en fosas comunes tras el golpe de Estado franquista y hasta el final de la dictadura, y reivindico como él, el derecho de las familias a conocer dónde están enterrados sus muertos y cómo murieron para poder honrarlos como se merecen, y el de la sociedad a conocer toda la verdad sobre un periodo histórico que todavía mantiene demasiados aspectos oscuros.

Personalmente opino que se trata de una medida de justicia para los muertos sin tumbas y sin nombre que no han podido recibir una sepultura digna, y para las familias que hoy, más de setenta años después del Golpe de Estado que provocó la Guerra Civil y la dictadura, en muchos casos todavía no saben cómo murieron sus seres queridos, ni dónde están enterrados sus cuerpos.

Por ello, insto a las Administraciones Públicas, y especialmente a los Ayuntamientos, y al resto de las instituciones que han recibido el requerimiento del juez Garzón a ofrecer la máxima colaboración, tal como obliga la Ley aprobada a finales de años en el Congreso y Senado, siendo esta una iniciativa fundamental para saldar la deuda de la sociedad con aquellos que murieron por defender la libertad, y lo han considerado un requisito imprescindible para pasar definitivamente página sobre una etapa triste de nuestra historia.

Reivindico igualmente el derecho de todos los ciudadanos a conocer toda la verdad sobre el golpe de estado del 36, la guerra civil, y la etapa de la dictadura, y ha denunciado el empeño de determinados sectores, que a través de prolíficos autores se empeñan en acusar a aquellos que quieren conocer la verdad de intentar reescribir la historia con ánimo de venganza, con el único objetivo de que las generaciones futuras, como las que nos precedieron, sólo puedan conocer una versión parcial e interesada de la historia.

Hago un llamamiento a la sociedad para que se incorpore a la reivindicación de la recuperación de la memoria histórica, como ya han hecho los colectivos de familias, los políticos y la propia justicia, gracias a ésta y otras iniciativas y que de esta manera todas y todos cumplamos y hagamos cumplir la Ley.

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