Raúl Santiago García López


Raúl Santiago García López


miércoles, 14 de julio de 2010

Discurso del Presidente del Gobierno en el Debate del Estado de la Nación

Señor Presidente, señoras y señores diputados,

A pesar de que llevamos unos días de gran alegría colectiva, ha sido éste un año duro, un año muy difícil. Muchos ciudadanos han vivido, desesperanzadamente, la pérdida de su empleo o el cierre de su negocio y muchos ciudadanos sienten incertidumbre sobre el futuro y sobre nuestro bienestar individual y colectivo.

Han sido meses en los que hemos debido tomar decisiones importantes que, aunque hayan buscado la defensa de los intereses generales, en ocasiones han afectado a los intereses, las expectativas y los deseos de algunos ciudadanos.

Y todos se preguntan, con toda legitimidad, qué hemos hecho y qué estamos haciendo para salir de este bache profundo. Nos interpelan a todos los que hemos asumido la responsabilidad de guiar la vida pública del país, de dotarlo de reglas y de procurar su bienestar y progreso. Sé que lo preguntan, sobre todo, al Gobierno que es a quien corresponde la principal responsabilidad.

En estas primeras palabras quiero decirles que España vive un momento trascendental, un momento crucial para su futuro inmediato y el de las próximas décadas. Tenemos necesidad de adoptar medidas para reducir el impacto que ha ejercido en nuestra economía la peor crisis que hemos conocido y, al tiempo, para impulsar la transformación económica más intensa de nuestro país de los últimos tiempos. De que logremos culminarla en estos meses y de que lo hagamos bien, implicando en ella no sólo a las Administraciones públicas, sino también a todos los ciudadanos, va a depender nuestro bienestar.

Pero el año transcurrido también ha proporcionado otros puntos de interés para nuestra vida colectiva: lo ha hecho en relación con nuestro modelo de Estado y las relaciones entre las Administraciones; lo ha hecho, asimismo, en relación con nuestra seguridad; lo ha hecho en relación con nuestra capacidad de hacer ciencia e innovar, con nuestra cultura y con los éxitos de nuestros compatriotas en las artes y en el deporte; y lo ha hecho con nuestra política exterior y basten dos datos: nos hemos consolidado como miembros del G-20 y ayer mismo se ha hecho palpable nuestra influencia para que un grupo de ciudadanos cubanos disfruten, en nuestro suelo, su propia libertad.

Son todas ellas cuestiones que concitan y merecen el interés de la sociedad española y a algunas me referiré a continuación.

Señorías,

Hace cuatro años el pueblo de Cataluña refrendó un Estatuto de Autonomía aprobado en esta Cámara. Lo hizo después de haber demandado la reforma a través de la gran mayoría de las fuerzas políticas que lo representan. Mi Gobierno fue receptivo a esa rotunda voluntad democrática de reforma, la apoyó en estas Cortes Generales y después ha contribuido, como era su obligación institucional, y como ha hecho y hace en los demás Estatutos de Autonomía, a desarrollarla y aplicarla durante estos cuatro años.

Muchos hubiéramos preferido que en este período el Estatut no se hubiera visto envuelto en la incertidumbre provocada por una impugnación ante el Tribunal Constitucional, que lo cuestionaba globalmente y de raíz. Sin duda, muchos hubiéramos preferido que todos los grupos políticos participaran en el gran acuerdo que se fraguó en 2006.

El Estatuto debió ser, desde su misma gestación, un instrumento de convivencia y no de confrontación; pero para ello había que haber sido tan respetuoso con la necesidad de su adecuación a los procedimientos y reglas constitucionales, como con la voluntad de reforma expresada por los ciudadanos de Cataluña.

Con nuestro voto, los socialistas formalizamos nuestro apoyo al texto que tramitaron estas Cortes Generales y, con nuestro voto, respaldamos la voluntad muy mayoritaria de la sociedad catalana de renovar el autogobierno de Cataluña y de reafirmar su identidad política en el marco de la Constitución.

Después de cuatro años demasiado accidentados, en los que siempre he manifestado mi apoyo institucional al Tribunal Constitucional, éste ha resuelto el recurso planteado por el Partido Popular. A mí, como a muchos, me hubiera gustado que lo hubiera podido hacer antes. En todo caso, el tiempo transcurrido ha servido para comprobar que con el Estatuto no se reformaba la Constitución por la puerta de atrás, que con el Estatuto no se rompía España, que el Estatuto no preveía un sistema de financiación injustificado y que el Estatuto no consagraba discriminaciones entre los españoles.

El Tribunal ha dictado su sentencia. Naturalmente, la acato, la cumplo y la haré cumplir. Y el Tribunal ha respaldado globalmente la constitucionalidad del Estatut, frente a la impugnación global de los recurrentes. La sentencia supone también un respaldo al proceso general de renovación estatutaria, un proceso que, en todos los casos, ha contado con un amplísimo consenso en los Parlamentos autonómicos de origen y, salvo en este caso, también en las Cortes Generales.

Llegados aquí, me dispongo a seguir contribuyendo al desarrollo y aplicación del Estatut, como es mi obligación. Y no sólo por obligación, sino como expresión de la legítima opción política de un Gobierno que no recela del autogobierno, sino que lo reconoce, y que no teme la fuerte identidad política de Cataluña, sino que la respeta. Por ello, evaluaré la posibilidad de que algunos de los aspectos que han sido declarados inconstitucionales no por razones de fondo, sino del tipo de norma apto para regularlos, puedan ser abordados, como indica el propio Tribunal, por el cauce constitucionalmente procedente. Y lo haré en diálogo con la Generalitat de Cataluña.

Señorías,

Siempre he creído en la diversidad de España y en la convivencia respetuosa con esa diversidad. Por eso mismo, siempre he creído que el Estatut responde lealmente a la aspiración a mayores cotas de autogobierno que sé que la sociedad catalana siente profundamente como muestra de su propia identidad, y he sido, soy y seré sensible a las expresiones de muchos catalanes en defensa de esa identidad. Y ahora creo que debemos aprovechar las oportunidades que, para hacer realidad ambas convicciones, nos ofrece el Estatuto de Autonomía de Cataluña y, junto a él, el resto de los Estatutos que hemos renovado.

Señorías,

Creo también en la necesidad de seguir avanzando en la cooperación y el trabajo conjunto entre todas las Administraciones, cuya especial necesidad en momentos de crisis no hace falta reseñar.

Hemos reforzado la cooperación en Conferencias Sectoriales; en convenios de colaboración y financiación, y en acuerdos sobre impulso de programas como el Plan E-automóvil o en materia de nuevas tecnologías en la educación, en el diseño y la aplicación de legislación tan crucial como la de dependencia, la del sector de los servicios, el Plan de Desarrollo Rural o la investigación; en la reducción del gasto farmacéutico y en el compromiso con la austeridad, la reducción del déficit para 2013 y la evolución de la deuda de todas las Administraciones públicas.

Es necesario seguir ese camino y deberemos hacerlo en la negociación de un nuevo marco financiero para las entidades locales, que sólo puede surgir de la acción conjunta de Estado y Comunidades Autónomas.

Señoras y señores diputados,

En este año ETA ha seguido debilitándose gracias al esfuerzo y la eficacia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que han descabezado, una y otra vez, su organización y han evitado los atentados de quienes siguen sin tener otro lenguaje que el de la violencia.

Quiero agradecer, un año más, el esfuerzo de todos quienes están implicados en la lucha antiterrorista, la cooperación de Francia y Portugal, y la unidad de todos los partidos en la defensa de nuestras libertades. Y quiero, igualmente, recordar a quienes han sido en este año víctimas de la sinrazón terrorista: el inspector Eduardo Puelles, los guardias civiles Diego Salvá, Carlos Sáez de Tejada y el gendarme Jean Serge Negrin.

Nuestro mejor y más efectivo homenaje es mantener la unidad democrática, nuestra máxima contribución para alcanzar el fin de ETA; una unidad que se ha concretado en las últimas semanas en dos propuestas conjuntas de la Cámara: una proposición de ley integral de ayuda a las víctimas del terrorismo, que actualiza y mejora la protección a quienes se han visto directamente afectados por los atentados; y un informe sobre la reforma electoral, que propone incrementar las capacidades de actuación contra quienes utilizan las instituciones democráticas para apoyar al terrorismo. Ambos objetivos normativos, atención a las víctimas y persecución del entorno de ETA, son fundamentales para la propia dignidad de nuestra sociedad y de sus instituciones.

La defensa de nuestra seguridad se extiende a las misiones de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior, y quiero también recordar al cabo 1º Cristo Ancor Cabello y al soldado John Felipe Romero, fallecidos en Afganistán. Y se concreta también en el reto de garantizar la seguridad de nuestros pescadores en Somalia y de conseguir la pronta libertad de Albert Villalta y Roque Pascual, los dos cooperantes españoles todavía secuestrados en África, con cuyas familias compartimos la preocupación y también la esperanza de su liberación.

Señorías,

Un año más, los índices de criminalidad en España se han reducido hasta situarse en mínimos europeos y la seguridad vial continúa mejorando año a año, situándose ya por encima de la media europea, con la mejor concienciación de los conductores, el esfuerzo de la Administración en la persecución de las infracciones y el esfuerzo en el mantenimiento y la mejora de nuestras infraestructuras viales.

Señorías,

La evolución de la crisis económica y, en particular, del empleo sigue constituyendo la preocupación prioritaria de los ciudadanos. También lo es para el Gobierno.

En esta crisis hay quien ha sido capaz de prever varias veces el pasado, incluso poniéndole mucha convicción. A los Gobiernos, sin embargo --ironías del destino--, no nos ha quedado más remedio que ser humildes e ir reaccionando a los acontecimientos con los medios a nuestro alcance.

La reunión del Consejo Europeo convocada para concretar el sistema de respaldo financiero a Grecia el 7 de mayo pasado es la mejor prueba de cuanto digo. Se convirtió en una reunión de urgencia que hubo de adoptar dos decisiones inéditas e imprevisibles apenas unos días antes: la creación de un Fondo de Estabilidad por valor de 750.000 millones de euros y el acuerdo de acelerar la consolidación fiscal para reducir más rápidamente los déficits públicos.

Es sólo el último episodio que pone de manifiesto la extraordinaria complejidad de una crisis en la que cada una de sus fases ha resultado difícilmente previsible en la etapa precedente.

Ahora, cuando desde finales de 2009 o principios de 2010, según los países, comenzamos a recuperar lentamente las tasas positivas de crecimiento, nos vemos obligados a lidiar con un rebrote de la crisis financiera en el ámbito de la zona euro; un rebrote que ha llevado a la Unión a adoptar decisiones extraordinarias que implican un cierto cambio de enfoque o de énfasis en las prioridades de la estrategia de salida de la crisis.

Si durante el año 2009 la mayoría de expertos y organismos internacionales insistían en utilizar con decisión los estímulos fiscales contra la recesión y, hasta ese mismo viernes 7 de mayo, nos advertían sobre la conveniencia de una retirada sólo gradual de aquellos, hoy se impone la prioridad de la consolidación fiscal y la búsqueda de vías adicionales para impulsar el crecimiento.

Señorías,

En la docena de debates que se han celebrado en esta Cámara sobre la evolución de la crisis he tenido ocasión de explicar las sucesivas respuestas que hemos dado a la misma. No me detendré hoy en ello y me limito a recordar que durante un año, a partir de otoño de 2008, adoptamos medidas para reforzar nuestro sistema financiero y nutrimos un plan de contención de la recesión, el que llamamos Plan E.

Este Plan nos permitió evitar la pérdida de una cifra cercana a los ochocientos mil puestos de trabajo y de decenas de miles de empresas; prevenir las amenazas que se cernían sobre algunos sectores básicos y estratégicos de la economía española, como el turismo y el automóvil; y preservar con nuevas prestaciones la cohesión social en nuestro país, en particular para proteger a quienes más duramente han sufrido las consecuencias de la crisis al perder su empleo. Así, hemos alcanzado el 80 por 100 de cobertura en la protección para los desempleados, que es la más alta de nuestra historia.

La financiación de esta batería de medidas de contención de la recesión, unida a una caída muy pronunciada de los ingresos y al juego de los estabilizadores automáticos, llevó a la economía española desde el superávit al déficit y, en poco tiempo, a un déficit muy abultado de las cuentas públicas. Pero sin ese Plan, Señorías, habríamos corrido, a juicio del Gobierno, riesgos económicos y sociales de entidad y tal vez irreparables.

Hoy la situación, como la crisis, ha cambiado. Como en los momentos precedentes, la política que lleva a cabo el Gobierno está coordinada con las que aplica la Unión Europea y propone el G-20, aunque atendiendo a las especificidades de la economía española. Precisamente, estas especificidades son más evidentes en relación con las reformas que necesitamos abordar, porque éstas pretenden poner fin a los desequilibrios vinculados a un determinado modelo de crecimiento que se desarrolla en nuestro país a partir de mediados de los 90.

En el anterior Debate sobre el Estado de la Nación afirmé que la economía española “tenía que aprender la lección, que todos deberíamos hacerlo, y el primero, lógicamente, el Gobierno”, y que no íbamos a salir de la crisis “sin cambios, sin hacer determinadas opciones y sin ser plenamente consecuentes con ellas”, porque la crisis, aunque tuvo su origen en el sistema financiero internacional, puso definitivamente de manifiesto debilidades serias de nuestra economía.

Por ello, después de centrar inicialmente nuestros esfuerzos en paliar las consecuencias inmediatas de la recesión, nos dedicamos a preparar las reformas para renovar nuestro modelo de crecimiento.

En aquel Debate comprometí la elaboración de una Ley, la de Economía Sostenible, que sirviera para impulsar la renovación del modelo de crecimiento. Es una ley en tramitación en esta Cámara desde hace ya meses. Necesita del trabajo de los Grupos para su conclusión, porque en ella se contienen reformas que, entre otras muchas otras cosas, fortalecerán el papel de los reguladores, contribuirán a la agilización en la creación de empresas, definirán las fórmulas de colaboración público-privada, impulsarán la innovación y rediseñarán al completo el sistema de Formación Profesional.

La urgencia de algunas de sus disposiciones nos ha llevado a adelantar, mediante Real Decreto Ley, reformas como las que afectan al impulso a la rehabilitación, favorecen la liquidez de las empresas, especialmente de las PYMEs, persiguen la morosidad, planifican el modelo energético del futuro o promueven el transporte sostenible. Si estos extremos ya se han adelantado, solicito la colaboración de la Cámara para hacer realidad el resto.

El 2 de diciembre pasado presenté en esta Cámara ese Proyecto de Ley en el seno de un plan global de reformas que denominamos Estrategia de la Economía Sostenible. Con objetivos que alcanzan al año 2020, la Estrategia contiene un conjunto de compromisos, que en estos siete meses transcurridos desde entonces el Gobierno ha ido cumpliendo a buen ritmo. Me referiré sólo a los más relevantes, pero antes de hacerlo quiero pronunciarme sobre la situación actual de la economía española.

Señorías,

En el primer trimestre de 2010, tras seis trimestres de descensos consecutivos del Producto Interior Bruto, salimos de la recesión con un crecimiento intertrimestral del +0,1 por 100. Los indicadores de actividad de los últimos meses, las afiliaciones a la Seguridad Social, la producción industrial y las cifras de aduanas o gasto turístico apuntan a que, previsiblemente, hayamos crecido nuevamente en el segundo trimestre.

Asimismo, se están reduciendo con relativa rapidez algunos de los desequilibrios que había ido acumulando nuestra economía y que la crisis mostró con tanta crudeza. El anterior ciclo de crecimiento se basó en un desarrollo desproporcionado de la construcción residencial, sostenido durante más de una década por un espectacular aumento del crédito, que situó en 449.000 millones de euros el endeudamiento de las empresas del sector inmobiliario y en 680.000 millones el endeudamiento hipotecario de las familias, multiplicando por cuatro tan sólo en diez años Ello produjo tres resultados: un elevado nivel de endeudamiento de hogares y empresas, que alcanzó, en su conjunto, el 170 por 100 del Producto Interior Bruto; un déficit por cuenta corriente, que llegó a suponer el 10 por 100 del Producto Interior Bruto, y una desviación excesiva de recursos hacia una inversión poco productiva.

Pues bien, tras el fuerte ajuste producido en la inversión residencial, que ha reducido su peso en el PIB hasta el 4,9 por 100 volviendo a niveles de 1996, el mercado inmobiliario ha comenzado a normalizarse: la compra de viviendas acumula ya dos trimestres seguidos de crecimientos interanuales, los visados de rehabilitación acumulan quince meses de crecimientos y el alquiler alcanza niveles máximos.

Hogares y empresas han iniciado, a su vez, un rápido proceso de reducción del endeudamiento. La tasa de ahorro de los hogares ha alcanzado niveles históricamente altos, situándose por encima del 18 por 100 de la renta disponible, y las empresas han reducido su necesidad de financiación desde el 11,5 por 100 al 1,2 por 100 en tan sólo dos años y medio.

Las propias necesidades de financiación de la balanza por cuenta corriente se han reducido hasta el 4,7 por 100 del PIB, el nivel más bajo en seis años. Se trata de un ritmo de ajuste más rápido que en otros períodos de contracción de la economía española y más rápido también que el registrado en otros países.

También se ha corregido en el último año y medio el diferencial de inflación con la zona euro, permitiendo recuperar en parte la competitividad-precio perdida.

Son signos alentadores que inducen al Gobierno a mantener sus previsiones para el conjunto del año 2010, con un crecimiento interanual aún ligeramente negativo del -0,3 por 100, pero con crecimientos intertrimestrales positivos o neutros y una tendencia apreciable a mejorar a partir del último trimestre del año, también en el empleo.

Sabemos, sin embargo, que se trata de un crecimiento todavía débil y sujeto al riesgo de los efectos que puedan conllevar en la segunda mitad del año los ajustes fiscales adicionales que estamos llevando a cabo. Permítanme que me refiera a ellos muy brevemente, porque ya fueron objeto de debate en esta Cámara el pasado día 12 de mayo.

Señorías,

El firme compromiso del Gobierno con el Pacto de Estabilidad se recogió en la Estrategia de la Economía Sostenible. Lo anuncié el 2 de diciembre pasado y a finales del mes de enero de este año aprobamos el Plan de Austeridad 2010-2013. Se trata de un conjunto de medidas de ajuste que se venían a sumar a las ya incluidas en los Presupuestos de 2010 para asegurar el objetivo del 3 por 100 del déficit en 2013.

Aunque el esfuerzo de consolidación se centraba en el gasto, también reforzamos los ingresos mediante una subida de la imposición sobre las rentas del capital y una subida del IVA, que entró en vigor hace dos semanas.

El Plan recibió el visto bueno general de la Comisión Europea. Sin embargo, la fuerte inestabilidad que se desencadenó en los mercados de la deuda soberana a raíz del rescate de Grecia condujo al Consejo Europeo a acordar una reducción más rápida de los déficits nacionales. El Gobierno atendió de inmediato esa llamada y lo hicimos porque España se encuentra entre los Estados a los que la inestabilidad afecta más en este momento; no por nuestro nivel de deuda pública, que sigue siendo comparativamente bajo; no por la situación de nuestro sistema financiero, que ha demostrado una considerable fortaleza, pero sí porque nuestro déficit es alto y, sobre todo, porque lo sigue siendo el endeudamiento privado.

Lo quiero expresar con toda claridad: más allá de los movimientos especulativos de los mercados, lo cierto es que estos datos son datos objetivos y son datos que nos han debilitado en el escenario que se ha abierto en las últimas semanas.

Así, España ha sido uno de los primeros países en aprobar nuevos recortes --recortes drásticos, sin duda-- para bajar el déficit al 6 por 100 a finales de 2011. Con este objetivo, el próximo año las Comunidades Autónomas deberán reducir su déficit en once mil millones de euros respecto a 2010. La Administración General del Estado, por su parte, reducirá su déficit en veinte mil millones.

Acordamos, así, medidas estrictas y duras en relación con las retribuciones de los empleados públicos, las pensiones, la ayuda al desarrollo, la inversión en infraestructuras o el ahorro farmacéutico. Y hemos aprobado el límite de gasto no financiero de los próximos Presupuestos, reduciéndolo un 7,7 por 100 respecto al año 2010. Este límite de gasto va a significar una reducción del presupuesto de todos los Ministerios por encima del 15 por 100.

Esta enorme contención presupuestaria se hará compatible con preservar al máximo las partidas relacionadas con Educación e Investigación, Desarrollo e Innovación, sectores cruciales para incrementar el potencial de crecimiento de nuestra economía. Y la inversión en infraestructuras, a pesar de los recortes conocidos, se seguirá manteniendo en la media de la Unión Europea, a lo que contribuirá el Plan Extraordinario de Infraestructuras de colaboración público-privada que se licitará entre este año y el que viene.

Gastos corrientes, transferencias o aportaciones a empresas públicas, entre otras, serán las partidas sometidas a una nueva reducción.

Estas medidas de ajuste adicional y unos nuevos Presupuestos restrictivos para 2011 pudieran afectar al ritmo de reactivación del crecimiento. De todo ello debemos ser conscientes. El Gobierno lo es y por este motivo está actuando de acuerdo con una doble prioridad: por un lado, contribuyendo a restablecer la estabilidad en los mercados financieros y, con tal propósito, consideramos imprescindible cumplir nuestros compromisos de consolidación fiscal; lo vamos a hacer, la convicción y determinación que tenemos al respecto son plenas y corregiremos cualquier desviación que se produzca respecto de los objetivos de consolidación fiscal fijados en cuanto el riesgo sea detectado; por otro lado, ahora es el momento de culminar con ambición todas las reformas estructurales que hemos puesto en marcha para anticipar la vuelta a un crecimiento capaz de reducir la tasa de paro y sentar efectivamente las bases de un crecimiento económico sostenible para las próximas décadas.

Aunque se trata de reformas estructurales, sus efectos benéficos pueden ser inmediatos si, como esperamos, su aprobación incrementa la confianza en el horizonte de crecimiento de la economía española.

Lo repito, hemos comenzado a crecer, lo hacemos todavía débilmente y, para que este crecimiento incipiente no se detenga, tenemos que contribuir a dar estabilidad a los mercados de los que obtenemos financiación para nuestra deuda, cumpliendo estrictamente con nuestros compromisos de reducción del déficit y reactivando la economía con reformas que la hagan más competitiva.

Se lo digo a todos los ciudadanos: para crear empleo, para mantener e incrementar nuestro nivel de bienestar y para asegurárselo a nuestros hijos tenemos que lograr un crecimiento más sólido. Hay que hacerlo sin incrementar el gasto público y, para crecer así, hay que aplicar las reformas que aumenten nuestra productividad.

Señorías,

Es un proceso de transformación de nuestra economía tan profundo que necesita el esfuerzo y el apoyo de todos. Esto explica que estemos ofreciendo y buscando el máximo consenso político y social a través de los diversos escenarios de dialogo que hemos propiciado.

La primera experiencia, el llamado “Proceso de Zurbano”, ha dado fruto, pues permitió la aprobación, respaldada por la práctica totalidad de la Cámara, de una serie de medidas temporales de impulso a la actividad económica, centradas en el fomento de las actividades de rehabilitación, el apoyo a la financiación de PYMEs y autónomos, y el favorecimiento de la continuidad de la actividad empresarial.

Simultáneamente, hemos puesto en marcha cuatro bloques de reformas, decisivas para ese horizonte de crecimiento: la reforma del sistema financiero, la reforma laboral, la del sistema de pensiones y la de diversos sectores específicos vinculados con la competitividad.

Señorías,

El anterior ciclo económico, muy dependiente de la actividad inmobiliaria y muy intensivo en el crédito, derivó en un exceso de capacidad del sector financiero, principalmente por parte del sistema de Cajas de Ahorro, responsable de cerca de la mitad del volumen crediticio en España. Por ello, el Gobierno, en diálogo y colaboración con el principal partido de la oposición, puso en marcha un proceso de restructuración del sistema de Cajas con el fin de reforzar su solvencia y adaptar sus dimensiones a las necesidades de financiación del nuevo modelo productivo.

Así, en junio de 2009 se aprobó el Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria, conocido como FROB, que recibió la autorización de la Comisión Europea en enero de 2010. Desde entonces, bajo el seguimiento y la tutela del Banco de España, se han ido formalizando diversos acuerdos que han culminado este mes de junio con la reducción del número de Cajas de Ahorro de 45 a 18, como resultado de doce procesos de reestructuración. De ellos, únicamente siete han requerido de ayudas públicas del FROB, por un valor cercano a los once mil millones de euros.

Concluida la reestructuración de las Cajas, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto Ley de reforma de su régimen jurídico. Tiene dos claros objetivos: facilitar el acceso a la financiación para reforzar la solvencia de las Cajas de Ahorro y, de otro, profesionalizar los órganos de gobierno para mejorar la gestión.

Con la reforma se dispondrá de un marco más flexible para que las entidades puedan elegir, de acuerdo con sus propias características, el mejor perfil institucional, el que más les fortalezca y les permita prestar sus servicios en mejores condiciones: podrán emitir cuotas participativas con derechos políticos hasta el 50 por 100 de su patrimonio; podrán integrarse en un Sistema Institucional de Protección, cuya entidad central tendrá la naturaleza de sociedad anónima; podrán ejercer su actividad indirectamente a través de un Banco y, por último, podrán optar por el traspaso de su patrimonio, afectándolo a la actividad financiera de un Banco y transformándose en una Fundación.

Es una reforma trascendente y necesaria. Confío, por ello, en que podamos contar con un amplio apoyo parlamentario, de las Comunidades Autónomas y de las organizaciones sindicales.

Pero, más allá de las Cajas, la exposición al sector inmobiliario ha generado incertidumbres sobre la solvencia de nuestro sistema financiero; incertidumbres decisivas para nuestra estabilidad económica y nuestra capacidad de recuperación del crecimiento. Son dudas infundadas que sólo se pueden combatir a través de la transparencia.

Por eso, en el último Consejo Europeo, el último de la Presidencia española, defendimos con éxito la propuesta de hacer públicos los resultados de las pruebas de esfuerzo, los llamados “stress test”, de las entidades de crédito. Este ejercicio de transparencia, que alcanzará a más del 95 por 100 del sistema en nuestro país, permitirá que los mercados financieros conozcan perfectamente la situación del sistema bancario español y su capacidad de resistencia frente a condiciones adversas.

La reestructuración del sistema financiero español y las medidas dirigidas a mejorar su solvencia, profesionalidad y transparencia permitirán, Señorías, restaurar la confianza en el mercado de capitales, normalizar el canal del crédito y facilitar la movilización del ahorro hacia la inversión productiva en el actual contexto de recuperación económica.

En tanto el canal del crédito no se normalice, el Gobierno, a través del Instituto de Crédito Oficial, seguirá manteniendo activas todas las líneas de financiación a PYMEs y autónomos. En 2009 la financiación total canalizada a través del ICO superó los 19.300 millones de euros, casi dos puntos del PIB, y en el primer semestre de este año las disposiciones de las distintas líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial han crecido un 28 por 100 con respecto al año anterior, movilizando hasta ahora ya más de catorce mil millones de euros. En este sentido, quiero resaltar que la línea de créditos directos para PYMEs y autónomos surgida del “Proceso de Zurbano” se ha puesto en marcha en el plazo acordado, habiéndose concedido ya los primeros créditos.

Señorías,

Es una experiencia reiterada que en situaciones de crisis la economía española destruye mucho más empleo que las de nuestros socios europeos, hasta alcanzar en este momento una tasa de desempleo del 20 por 100, que, además del deterioro personal y social que supone, implica un gasto en prestaciones de desempleo de 35.000 millones de euros en este año.

Nuestra tasa de temporalidad, aunque hoy sea del 24,4 por 100, se ha situado de media en los últimos veinticinco años en el 30 por 100, el doble de la de los países desarrollados. Y añado un dato al respecto que es un muy ilustrativo: el 40 por 100 de los trabajadores que, con veinte años, entraron en el mercado laboral con un contrato temporal continúan con un contrato temporal veinte años después, es decir, superados los cuarenta años. Difícilmente, en estas condiciones se pueden hacer proyectos estables de vida familiar.

Es una llamada exigente sobre la injusticia generacional que están sufriendo los más jóvenes en el mercado laboral. Son cifras imposibles de contemplar con actitud complaciente o pasiva y describen una situación de nuestro mercado laboral incompatible con el nuevo modelo de economía innovadora y competitiva al que aspiramos.

Sé que esas cifras no son sólo achacables a la regulación del mercado de trabajo, sino también, y fundamentalmente, al propio modelo productivo que hemos tenido; pero hay que cambiar este estado de cosas utilizando todos los instrumentos a nuestro alcance y el jurídico-laboral es, sin duda, uno de ellos.

Les animo, Señorías, a que ahora pongamos todo nuestro empeño en franquear esta frontera. Les animo a culminar una reforma que, manteniendo la red de derechos de los trabajadores y el equilibrio entre éstos y los empresarios en el seno de las empresas, consiga reducir efectivamente la dualidad, promover la estabilidad laboral y facilitar la adaptación de las empresas a las condiciones cada vez más exigentes de la globalización económica.

La reforma del mercado de trabajo que hemos presentado responde a un doble objetivo: en lo inmediato, aumentar nuestra capacidad para crear empleo en paralelo a la recuperación económica y, con carácter estructural, modernizar nuestro marco de relaciones laborales, adaptándolas a las necesidades de un nuevo modelo productivo que requiere de trabajadores con una cualificación creciente, lo cual exige adoptar medidas efectivas para reducir la temporalidad.

El Gobierno ha abordado la reforma del mercado de trabajo con la voluntad de que fuese el fruto del diálogo con sindicatos y organizaciones empresariales. No ha sido posible y, por ello, el Gobierno, como previamente había anunciado, asumió su responsabilidad convirtiendo sus propuestas en un Real Decreto Ley cuya tramitación se sigue en esta Cámara.

Las medidas contenidas en el Real Decreto Ley introducen reformas de calado en el funcionamiento de las relaciones de trabajo.

En primer lugar, se fomenta la flexibilidad de las empresas para adaptarse a las circunstancias cambiantes de unos mercados cada vez más competitivos. Con este propósito se mejoran aspectos relativos a la flexibilidad interna, como la movilidad geográfica, la modificación de las condiciones de trabajo (horario, turnos, funciones, régimen de trabajo y sistema de remuneración), la aplicación efectiva de las llamadas cláusulas de descuelgue y los expedientes de reducción de jornada. Se trata, en todos los casos, de medidas que requerirán acuerdo entre empresarios y representantes de los trabajadores, y se trata de medidas destinadas a buscar soluciones reales a las necesidades de las empresas y que ofrezcan alternativas distintas a la supresión de puestos de trabajo.

Por otro lado, desde el punto de vista de la flexibilidad externa la reforma pretende clarificar las causas de despido objetivo, para preservar la viabilidad de las empresas cuando éstas se encuentren efectivamente en situación de dificultad económica o cuando, por razones técnicas u organizativas, necesiten adaptar su plantilla a las nuevas condiciones del mercado.

En segundo lugar, la reforma persigue reducir las altas tasas de temporalidad y la excesiva inestabilidad en el empleo. La elevada rotación genera gran inestabilidad, desincentiva la inversión en formación y dificulta la adopción de tecnologías más avanzadas. Para combatirla, el Gobierno ha introducido medidas para hacer más atractiva la contratación indefinida, mediante la supresión de condiciones para la celebración de contratos de fomento a la contratación indefinida, creado en el año 1997, y, paralelamente, mediante limitaciones al uso de los contratos temporales, si bien algunas de éstas se incorporan con carácter progresivo para no cegar, en este momento que tanto lo necesitamos, ninguna vía de acceso al empleo.

Por último, la reforma se dirige a estimular el empleo y la contratación, a través de medidas que, de un lado, favorecen a los colectivos con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral, mediante reforma de los contratos formativos y del marco de bonificaciones a la contratación para hacerlo más eficiente; y, de otro, favorecen la intermediación laboral y la actuación de las empresas de trabajo temporal.

Finalmente, la reforma incorpora medidas que promueven la igualdad entre mujeres y hombres en y para el empleo.

Éstos son los objetivos de la reforma. Entre ellos, Señorías, no figura el debilitamiento de los sindicatos. Que nadie lo espere. Siguen siendo la mejor representación de los trabajadores. Sin ellos, la defensa de los intereses de los trabajadores quedaría definitivamente debilitada. Y, lo que es más inmediato, tienen una posibilidad relevante de colaborar para que la reforma dé de sí todas sus potencialidades de cambio.

El Gobierno desea concluir la reforma con el mayor consenso y, por ello, está abierto a incorporar las enmiendas que puedan ayudar a aumentar su efectividad, primero, porque considero que, como todo, la reforma es mejorable; y segundo, porque estimo que un alto grado de respaldo político redundará en una mayor eficacia de la reforma y en aumentar la confianza en la recuperación de la economía y en la creación de empleo.

Puede ser una de las reformas más importantes de los últimos años y deseo que sea la reforma de una amplia mayoría de esta Cámara.

Tan importante como ella, Señorías, es la reforma del sistema de pensiones. Se trata de una reforma estructural directamente vinculada con la consolidación fiscal y con la estabilidad presupuestaria a medio y largo plazo.

No es un problema de hoy, porque nuestro sistema de pensiones se encuentra en este momento en una situación de superávit y no presenta problema de solvencia alguno, ni es una cuestión vinculada con la crisis, porque no guarda relación inmediata con la situación económica, sino con el ciclo demográfico.

No podemos cerrar los ojos. Tenemos que adaptar nuestro sistema de pensiones a los profundos cambios demográficos que estamos ya experimentando y que experimentaremos en las próximas décadas con más intensidad.

Es una necesidad que afecta a la práctica totalidad de países de la Unión Europea, como señalan diversos estudios y recomendaciones de organismos internacionales, incluyendo la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea.

Todos los países desarrollados van a sufrir un proceso de envejecimiento sin precedentes. En el caso de España el envejecimiento de la población no será menos agudo. Las previsiones demográficas indican que en 2050 habrá 1,7 personas en edad de trabajar por cada una en edad superior a 65 años, frente a las casi cuatro de la actualidad.

No es un problema de hoy, pero es un problema que debemos resolver hoy. Debemos despejar cuanto antes las incertidumbres sobre la sostenibilidad del sistema para que los ciudadanos que contemplan la jubilación en un horizonte aún lejano se sientan seguros respecto del futuro de sus pensiones. Y también debemos hacerlo para reforzar la credibilidad de nuestras finanzas públicas.

El Gobierno ha asumido la responsabilidad de impulsar, en el marco del Pacto de Toledo, las reformas necesarias para asegurar a medio y a largo plazo la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones. Por ello, ha remitido a la Comisión del Pacto un documento con propuestas para su discusión, mayor concreción y aprobación en dicha Comisión. Y ya hemos anunciado nuestra disposición a promover cuanto antes, una vez se pronuncie la misma, los cambios normativos procedentes, con el más amplio consenso posible.

Los campos sobre los que es posible actuar están bien definidos:

* La elevación de la edad legal de jubilación de forma progresiva, y en un período de doce años, desde los 65 años de la actualidad hasta los 67, en línea con lo que ya han acordado Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Noruega o los Estados Unidos de Norteamérica.

* La introducción de medidas que mejoren el grado de contributividad del sistema, bien considerando un período de carencia más amplio para tener derecho a percibir una pensión, bien ampliando el período de cálculo de las cotizaciones efectuadas, con el fin de evitar los perjuicios que hoy padecen los trabajadores que ven cómo repercuten en su pensión los despidos que con frecuencia sufren en los últimos años de su vida laboral.

* Medidas también relevantes para la sostenibilidad que afectan a la jubilación anticipada y a las prejubilaciones, a la acción protectora de la viudedad y la orfandad en las situaciones más vulnerables, a la previsión social complementaria, la integración de regímenes y colectivos, y a la homologación de la acción protectora, entre otras muchas.

Señorías,

La consolidación fiscal, la reestructuración del sistema financiero, la reforma laboral y la del sistema de pensiones son, a juicio del Gobierno, reformas necesarias e imprescindibles para apoyar la senda de la recuperación de la economía española sobre bases sólidas. Pero no basta, necesitamos también completar o introducir otros cambios que tienen en común su incidencia en la competitividad.

Estamos siguiendo el camino y el calendario fijado en la Estrategia de Economía Sostenible, presentada en este Cámara el 2 de diciembre del año pasado, en primer lugar, agilizando el funcionamiento de la Administración, eliminando trabas burocráticas innecesarias que encarecen la actividad empresarial e impiden un mayor desarrollo de la competencia, pero también introduciendo un mayor control institucional allí donde hemos detectado deficiencias. A ello se dedica un amplio número de medidas incluidas en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, en trámite en esta Cámara.

Estas medidas se complementan con la culminación del proceso de reforma del sector servicios, que hasta ahora --conviene recordarlo-- había sido la principal fuente de nuestro diferencial de inflación con la Unión Europea y de muchos de nuestros problemas de competitividad.

La modificación de 50 leyes y 115 reales decretos, ya realizada por el Gobierno central, y los cambios normativos en marcha en las Comunidades Autónomas deben completarse con la Ley de Servicios Profesionales, que se presentará al inicio del próximo período de sesiones y que mejorará el funcionamiento de unas actividades que emplean al 30 por 100 de los trabajadores con formación superior en nuestro país.

Otro elemento del entorno institucional clave para la competitividad es el funcionamiento de la Justicia. Tras la aprobación de las normas para la implantación y desarrollo de la Oficina Judicial, en las próximas semanas aprobaremos la reforma de la Ley de Registro Civil, la Ley de Arbitraje, la Ley de Procedimiento Laboral y la de reforma de la Ley Concursal.

Un segundo conjunto de reformas que merecen una atención destacada son las que conciernen a la innovación.

Señorías,

En estos años, hemos dado un gran salto adelante: somos ya la novena potencia científica mundial. Pero, aunque también hemos triplicado los recursos públicos en Investigación, Desarrollo e Innovación, seguimos manteniendo un importante retraso a la hora de transformar el conocimiento en innovación, así como en lo referido a la aplicación de este conocimiento al tejido productivo, lo que nos relega a la posición decimoséptima del ranking europeo de innovación, lo que lastra nuestra mejora en competitividad.

No podemos mantener este desfase. Hay que rentabilizar mejor el esfuerzo realizado en nuestro sistema científico y hay que ser capaces de trasladar sus efectos a la economía real. Por ello, y para aprovechar de manera más efectiva el conocimiento generado, hemos aprobado la Estrategia Estatal de Innovación, con el objeto de que en los próximos cinco años se dupliquen las empresas innovadoras en nuestro país (cuarenta mil adicionales) y se creen medio millón de empleos en sectores de media y alta tecnología.

A ello contribuirá, sin duda, la Ley de la Ciencia presentada recientemente en esta Cámara. El desarrollo de la Ley, junto con el Plan Avanza2, fundamental para extender el uso de las Tecnologías de la Información entre empresas y consumidores, orientará la actuación del Gobierno en el ámbito de la innovación.

Otro factor que incide directamente en la competividad de nuestra economía es su internacionalización.

El sector exportador constituye ya una de nuestras mayores fortalezas. Ha sido capaz de mantener su cuota en el mercado mundial, a pesar del empuje de las economías emergentes y de las presiones inflacionarias de la demanda interna. Operará como uno de los motores de la recuperación, pero necesitamos más empresas exportadoras y las necesitamos en más mercados.

Con este doble objetivo, estamos desarrollando un paquete ambicioso de medidas de carácter financiero, comercial y de promoción, entre las que cabe destacar,

* La reciente creación por Ley del Fondo para la Internacionalización de la Empresa;

* La aplicación de los Planes Integrales de Desarrollo de Mercados en doce países extracomunitarios;

* La mejora en las condiciones del Seguro de Crédito a la Exportación por cuenta del Estado, que ha supuesto un aumento del 140 por 100 en el uso de este instrumento.

Estas vías de acción, junto con las actividades de promoción de la imagen de España en el exterior y el desarrollo del nuevo Plan Estratégico del ICEX con horizonte 2012, marcarán la actuación del Gobierno.

Señorías,

Es necesario mejorar, asimismo, el funcionamiento de un sector clave para nuestro tejido productivo, el energético.

Trabajamos ya para alcanzar un pacto en materia de energía con el principal partido de la oposición y abierto a otras fuerzas políticas. Queremos llegar al mayor consenso posible en cuestiones vitales para nuestra economía: el mix energético, las infraestructuras e interconexiones, la liberalización de los mercados energéticos, los costes del sistema eléctrico, las políticas de ahorro y eficiencia energética o la gestión de los residuos nucleares.

Quiero destacar que el Gobierno se siente plenamente comprometido con la reducción del déficit tarifario, de manera que, una vez completado el proceso de revisión de los costes de la factura energética, adoptaremos las medidas necesarias para cerrar la diferencia existente entre ingresos y costes energéticos.

El sector industrial es, por su trasversalidad, la piedra de toque del modelo económico al que aspiramos. La industria supone internacionalización, innovación y un empleo de más calidad. En España el peso del sector industrial es del 15 por 100 del PIB, tres puntos porcentuales por debajo de la media europea. Necesitamos cerrar esta brecha. Un claro ejemplo claro de la política industrial que queremos desarrollar es la Estrategia del Vehículo Eléctrico, aprobada el pasado mes de abril.

Para definir las políticas que necesitamos desarrollar en los próximos diez años estamos elaborando el Plan Integral de Política Industrial 2020, para cuya definición contamos con la participación de las Comunidades Autónomas, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas. En él nos proponemos los siguientes objetivos: que ocho mil de nuestras pequeñas empresas pasen a ser medianas empresas, que aumentemos en un 15 por 100 la producción industrial destinada a exportaciones y que un 50 por 100 de nuestras exportaciones se dirijan a países no comunitarios.

Dejo para el final de este capítulo relativo a las reformas sobre competitividad un ámbito que, sin duda, lo trasciende, pero que es vital para el nuevo modelo económico: la mejora de la educación.

Este curso, Señorías, ha aumentado el número de estudiantes en los niveles no obligatorios: un 10 por 100 en Formación Profesional y un 11 por 100 en Educación Infantil; en este último caso, gracias al impacto del Plan Educa3.

Además, hemos puesto en marcha el Programa Escuela 2.0, que comprometí en el anterior Debate sobre el Estado de la Nación, distribuyendo 320.000 ordenadores portátiles entre los estudiantes, y hemos seguido potenciando la igualdad de oportunidades, con cerca de 1. 700.000 alumnos beneficiarios de becas, un 5 por 100 más que el año pasado.

Pero nuestro sistema educativo todavía sufre importantes carencias que debemos abordar sin demora. No ha sido posible alcanzar un Pacto Social y Político Educativo, pero hemos podido consensuar los objetivos de la educación en la próxima década con los agentes sociales, las Comunidades Autónomas y la comunidad educativa, y vamos a trabajar para conseguirlos a través del Plan de Acción para 2010 y 2011, que supone una inversión de 560 millones de euros en su conjunto.

El Plan incorpora, entre otras actuaciones, un programa específico para mejorar el rendimiento académico; medidas de apoyo a la Formación Profesional que refuerzan las recogidas en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible; un ambicioso programa de mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras y una mejora de la calidad y sostenibilidad financiera de nuestro sistema de Educación Superior a través del fomento de la agregación, especialización e internacionalización de los campus universitarios.

Señoras y señores diputados,

Voy concluyendo y lo hago como empecé. España se encuentra en un momento crucial para su bienestar futuro. La crisis nos ha situado en una encrucijada en la que confluye el reto de la globalización económica con la transición de nuestro modelo productivo.

Tenemos que culminar esta transición cuanto antes, porque de eso va a depender nuestro bienestar, el de ahora y el de las próximas décadas. Lograrlo nos exigirá ser fieles a dos prioridades y a una pauta de actuación. Las prioridades: mantener a rajatabla el compromiso con la reducción del déficit y la austeridad, y culminar, con determinación, el programa de reformas que hemos puesto en marcha. La pauta de nuestra actuación: cumplir esas prioridades sin olvidar el conjunto de valores que respaldaron los ciudadanos con su voto mayoritario en las últimas elecciones. Si dejásemos de hacerlo, no sólo es que seríamos otros, sino que no cumpliríamos con la responsabilidad que hemos contraído con quienes confiaron en nosotros.

Necesitamos una economía más competitiva y un Estado más eficiente. Hemos de tomar conciencia de que, si queremos prosperidad, hay que ser más productivos; de que, si queremos empleo, tenemos que dotarnos de un mercado laboral que funcione mejor, y, de que, si queremos políticas sociales, hace falta disponer de ingresos, capacidad presupuestaria para financiarlas y voluntad política para hacer redistribución social.

Yo quiero todo eso para mi país: prosperidad, empleo y políticas sociales. La principal responsabilidad para poner las condiciones que permitan lograrlo es del Gobierno de la nación y por eso hemos impulsado las reformas a las que me he referido y tenemos la firme determinación de concluirlas.

Pero esa responsabilidad se extiende a los demás grupos de esta Cámara, a quienes aspiran, legítimamente, a gobernar este país y a quienes, también legítimamente, aspiran a influir en el Gobierno; se extiende, igualmente, a las demás administraciones públicas del Estado, que ejercen competencias relacionadas con buena parte de las reformas, y alcanza, por último, a todos los ciudadanos; a ellos y a las organizaciones en las que se integran.

Ésta es una tarea de país, un reto de país, una ambición de país y como tal hemos de interiorizarla.

Tenemos que trabajar más --un mayor número de españoles, desde luego--, pero también hacerlo mejor, trabajar mejor, con más productividad y eficiencia, en el ámbito público y en el privado.

Y, Señorías, esta llamada al esfuerzo colectivo tiene que ir acompañada de equidad y de justicia en su reparto. Son los criterios que tuvimos presentes cuando acordamos los ajustes necesarios el pasado mes de mayo: congelamos las pensiones para evitar la hipótesis de reducirlas, redujimos los salarios públicos para no recortar prestaciones sociales a otros ciudadanos y limitamos los beneficios farmacéuticos para evitar las llamadas al copago.

En una pauta de reparto equitativo del esfuerzo esa pauta tendrá otras manifestaciones en el proyecto de Presupuestos para 2011.

Señoras y señores diputados,

El esfuerzo colectivo que requiere la aplicación de las reformas económicas es necesario y tiene pleno sentido. Es necesario para que volvamos a crecer y lo hagamos con fuerza y sostenibilidad; es necesario para que volvamos a crear empleo; es necesario para preservar el Estado del Bienestar, asentado en esas cuatro firmes columnas que son la educación y la sanidad públicas, las pensiones y ahora también el sistema de dependencia; es necesario para mantener la política de becas que hemos hecho, para asegurar la renta de emancipación a los jóvenes que hemos puesto en marcha y hacer efectivo el derecho a una vivienda en condiciones asequibles; es necesario para defender la conciliación de la vida familiar y laboral, aplicando y extendiendo el permiso de paternidad que hemos puesto en marcha y es necesario para proseguir la mejora de las pensiones mínimas, como hemos hecho en estos últimos seis años.

Y es necesario, en fin, para mantener la cohesión social en nuestro país, que es la máxima aspiración del grupo político al que represento.

Para preservar nuestro modo de vida, nuestros valores y todas nuestras aspiraciones tiene pleno sentido este esfuerzo y este esfuerzo hay que hacerlo ahora y hay que hacerlo de una vez para dejar atrás la crisis y lograr la recuperación con fortaleza que nos permita volver a la creación de empleo.

Las circunstancias han cambiado y ya no podemos crecer del mismo modo en que lo hicimos en el pasado. No podemos depender de la construcción ni del crédito fácil. Nuestras empresas ya han demostrado que podemos destacar en muchos otros sectores, más innovadores y competitivos, y éste es el camino. No va a ser una tarea fácil, pero hemos de acometerla y sabremos hacerlo.

El momento es decisivo para engancharnos definitivamente al grupo de países más competitivos de Europa al que siempre hemos querido pertenecer.

Podemos negarnos a acometer esta modernización y correr el riesgo de languidecer y de quedarnos descolgados, o podemos afrontar la necesidad de los cambios para dirigirlos en la mejor dirección: hacer de la necesidad virtud y crear nuestro propio destino, porque éste está en nuestras manos, aunque nos cueste esfuerzos y nos va a costar esfuerzos.

Señorías,

Hace exactamente un mes se cumplieron 33 años de la celebración de las primeras elecciones democráticas. En este tiempo España se ha convertido en otro país, en un país del que podemos sentirnos orgullosos y en un país tolerante, abierto, en el que se puede vivir a gusto. Y en este tiempo hemos sido capaces de vencer dificultades y desafíos: la propia transición política, otras crisis económicas, el ingreso en la Unión Europea o el ingreso en el euro.

El camino que nos ha traído hasta aquí no ha sido sencillo. Al igual que hacemos tantas veces en nuestras propias vidas, olvidamos con facilidad los momentos más duros de nuestro pasado, aquellos en los que las cosas, lejos de mejorar, parecían empeorar, y en los que la esperanza era tan sólo un destello en el horizonte. Pero siempre hemos salido adelante y siempre hemos sabido ponernos de pie.

Por ello, la confianza en nosotros mismos no es una cuestión de fe, es una cuestión de memoria y de país.

Ahora nos encontramos ante uno de esos retos difíciles, ante otro desafío colectivo. Es el momento de dar un nuevo paso al frente y de mirar con determinación hacia el futuro que queremos para nosotros y nuestros hijos, cada uno desde su responsabilidad y con el concurso de todos.

Muchas gracias.

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