Raúl Santiago García López


Raúl Santiago García López


lunes, 18 de febrero de 2013

La crisis de la transparencia



Estamos en una época de grave crisis en lo económico y social, pero también una no menos grave crisis, de transparencia legal y ética de las instituciones y estamentos que fundamentan nuestro modelo democrático.

Esta crisis de transparencia legal y ética de las instituciones o estamentos que fundamentan nuestro modelo democrático, esta generada en gran parte por la desaparición de controles rápidos y eficaces, que de manera efectiva transparenten la actual opacidad con la que de manera general actúan.

Los últimos casos, ponen en evidencia esta falta de transparencia y de controles que puedan detectar de forma rápida y eficaz la aparición de conductas irregulares y/o poco éticas sobre la gestión económica de estas instituciones o estamentos. Además también ponen en cuestión la realidad de transparencia, participación y democratización de los mismos en los niveles de contratación, tesorería, gerencia y dirección, dejando claro, un déficit que no solo actúa en lo interno de estas instituciones o estamentos, sino que en aquellos, pocos, lentos e ineficaces controles que aun existen, que como tales, solo obedece su mantenimiento en los términos actuales, para legitimizar todo el sistema. Un sistema que está hecho y mantenido para garantizar la opacidad actual frente a la transparencia que debería de impregnar todo lo público o que perciba dinero público.

El Tribunal de Cuentas es en sí mismo un control, pero a todas luces, un control desfasado, lento y poco efectivo, para conseguir que la transparencia no sea solo una actitud voluntaria, sino una actuación obligada, por medio de legislación tendente a propiciar la transparencia y no la opacidad como hasta ahora, estos órganos tienen que ser más agiles, tener mecanismos más rápidos de actuación y sus informes tienen que ser vinculantes con el resto del ordenamiento jurídico, para que sus conclusiones puedan ser en sí mismo el auto instructor contra aquellas cuestiones irregulares y dejen de ser simplemente un papel mojado, caduco y prescrito.

Nuestra obligación como ciudadanos es cumplir con nuestras leyes y normas, pero también propiciar el cumplimiento por parte de los otros, el silencio o la omisión de información en cualquier delito o irregularidad de la vida normal, sabemos que es una infracción en sí misma, pero ante irregularidades o hechos poco éticos de instituciones y estamentos, se ejerce el silencio o la contención en la denuncia, tanto interna como externa, más allá de formar parte en la mayoría de las ocasiones del “secreto a voces”. Este silencio o contención viene dado por la presión y control que ejerce el poder sobre el conjunto de las y los ciudadanos que están bajo su influencia, siendo trasladado por los mismos como cuestión de confianza o lealtad hacia la figura que representa, lo que conlleva a una institucionalización a todos los niveles de la corresponsabilidad de las situaciones que puedan venir generadas por esa irregularidad o actuación poco ética o transparente.

Para ello, creo que hay que exigir varias cuestiones para la consecución de actuaciones transparentes, por parte de esas instituciones y estamentos y las personas que de manera pública u orgánica las dirigen o trabajan en ellas. Estas medidas entre muchas otras pasa por: .- La  imprescriptibilidad de los delitos en cargos públicos, institucionales u orgánicos de instituciones o estamentos que reciban o aporten dinero público. .-  La publicación de las declaraciones de renta de cargos públicos, institucionales u orgánicos de instituciones o estamentos que reciban o aporten dinero público. .- El desaforamiento de los cargos públicos, para poder ser juzgados por la justicia ordinaria.

Pues bien, después de esta reflexión, que no es nueva, ni descubro y que como el conjunto, me considero parte del problema, he querido también trasladar, como ciudadano que soy, algunas cuestiones sobre la mejora de algunos elementos de control y transparencia en estamentos o instituciones, que creo que se tendrían que dar para mejorar en forma de leyes y normas, que sean de aplicación obligada, para sino solucionar del todo está grave crisis de transparencia y de confianza en el sistema democrático, si, en todo caso, hacer más difícil la aparición sistemática de estos elementos de irregularidad y falta de ética y transparencia en la gestión pública o de lo público.

Esta es una tarea de todos, y el todo empieza en la responsabilidad de la aplicación a uno mismo, es por lo tanto la implantación de un sistema de control garante con la trasparencia y con la aplicación de medidas que permita actuaciones rápidas, que permita una auto aplicación, que además este supeditada a varios y variados sistemas de control autónomos e independientes con vinculación directa sobre la actuación inmediata para la paralización, corrección y denuncia de deficiencias de oficio por parte de los tribunales de justicia, y la obligatoriedad de ser propiamente la institución o estamento quien denuncie y actúe ante esos hechos.